(a propósito de un artículo de Alan García y una entrevista a Armando Villanueva)
En las ediciones de La República y de El Comercio del 28/10/2007, pp. 2-3 y a4, respectivamente, acaso no por casualidad, los máximos dirigentes del APRA ofrecen sus puntos de vista sobre la línea política que viene desarrollando su gobierno. En el caso de Villanueva del Campo, su presencia como personaje de entrevista en La República es frecuente. En cambio Alan García, hasta donde recordamos, sería la primera vez que ocupa un gran espacio en la principal página de opinión de El Comercio, como articulista. Este último caso es algo casi singular en un periódico que marcó una línea de exclusión absoluta al Partido de Haya de la Torre por el asesinato de un miembro de la familia Miró Quesada, supuestamente bajo patrocinio de los apristas. Se nota que hoy sus coincidencias programáticas neoliberales pesan más que los resentimientos del pasado. Villanueva del Campo y Alan García inciden casi en el mismo tema: la vía neoliberal como único camino para conquistar el “pan con libertad”, que para Haya de la Torre significó la “justicia social”, camino que, supuestamente, está siguiendo el gobierno aprista. Por eso la importancia de decir algo sobre sus afirmaciones.
Empezando por el artículo del Presidente García Pérez, se nota desde el inicio dos objetivos: definir su propuesta programática y justificar sus políticas concretas en el plano de las privatizaciones y las inversiones privadas. El título de su artículo, El síndrome del perro del hortelano, precedido por el antetítulo Poner en valor los recursos naturales, es todo un calificativo para quienes discrepan de las privatizaciones neoliberales y la explotación depredadora y barata de nuestros recursos naturales. García pone en blanco y negro lo que en el año y medio de su segundo gobierno viene afirmando: el gran papel de la inversión transnacional para nuestro desarrollo, por tanto, la necesidad de abrirles más el país a esos inversionistas para que en el Perú no haya más espacios “ociosos”. No hacerlo significa situarse en el papel del “perro del hortelano”. Consecuente con esta “nueva filosofía”, despotrica de las “telarañas del siglo XIX” (claro, de los socialistas, del marxismo, de la izquierda) sin darse cuenta de que sus propuestas corresponden a los panales avinagrados de la economía política del siglo XVIII: la exclusión del Estado y la primacía del libre mercado como “motor del desarrollo”, redivivo hoy como neoliberalismo con todos sus estragos sociales en los últimos 25 años, frente a los cuales hasta Stiglitz no se cansa de advertir que ese modelo, de mantenerse, destruirá más las posibilidades del desarrollo de los países pobres, funcionado solamente para los ricos (Joseph Stiglitz: El malestar en la globalización, 2001).
El abogado Alan García se ha propuesto ofrecer a todos los inversionistas, transnacionales y peruanos de “clase media” (¿?), nuestras tierras, nuestro mar, nuestra Amazonía con sus bosques y demás riquezas, nuestros hidrocarburos, nuestras aguas cordilleranas y sus potencialidades para generar energía eléctrica. Ofrece también facilidades para que los empresarios generen trabajo sin mayores costos laborales, ni más ni menos bajo el imperio del la desregulación laboral, presumiblemente para no poner en quiebra a los microempresarios, como si estos fueran los explotadores de los asalariados contratados a través de las sérvices, mecanismo principal de la mano de obra barata en el Perú de hoy. García camina un poco más y ofrece también los cerebros de los niños y jóvenes para que sean educados por maestros superdotados que pueden trabajar con las míseras remuneraciones docentes. Para colmo, quien en la década de los 80 pregonaba un tan estridente como artificial antiimperialismo cuando se refería a la deuda externa, en su artículo-programa no dice nada sobre este problema, la prioridad de su estructura presupuestaria actual.. Y como si los peruanos fuésemos ignorantes, nos ofrece los ejemplos “exitosos” de Alemania y “otros países”, obviamente países europeos desarrollados, que con el programa supuestamente neoliberal han conseguido cierto bienestar para esas sociedades, ocultando el hecho de que en esos países el “Estado del bienestar” se ha construido con una política de capitalismo centralizado y políticas sociales de naturaleza gratuita y universal; al contrario de lo que los neoliberales, a partir de los 80, empezaron a aplicar, desmantelando parte de ese capitalismo de Estado y generando mayores desigualdades sociales en Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, etc., lo que también ha ocurrido en Estados Unidos y Canadá. Los neoliberales de la “tercera vía” debieron de aplicar las recetas de Friedman y Hayek para elevar la tasa de ganancia de los grandes capitalistas. ¿No es así señor García?
No hay duda que el APRA ha pasado de su programa reformista a un programa estrictamente neoliberal. Alguien ha recordado que este programa impuesto por Fujimori se está profundizando más con el nuevo gobierno aprista, lo que nos lleva a recordar la frase de Haya de la Torre: “no hay que quitarle la riqueza al que ya la tiene, sino crearla para el que no la tiene” (década del 40), contradiciendo uno de los cinco puntos de su programa: “nacionalización de las tierras e industrias”. Alan García pregona en su artículo la venta de tierras, industrias, aguas, bosques y todo lo demás, es decir, el saqueo como programa. Aparentemente le reserva al Estado el papel de regulador, de “contralor” según el vocabulario de El antiimperialismo y el APRA, de Haya de la Torre, pero con el neoliberalismo el Estado es un simple subsidiario y no sirve ni para cuidar las licitaciones y compras que el mismo Estado hace a las proveedoras privadas, ¿no es verdad señor García?
En cuanto al contenido de la Entrevista a don Armando Villanueva del Campo, en ella el “líder histórico” del APRA afirma que en el Perú de hoy vivimos una “revolución pacífica” y mucho más: una “revolución social moderna”, pues se está llevando a cabo la descentralización y se está dotando a las municipalidades de muchos recursos para sus inversiones.
También don Armando nos considera ignorantes en economía política y hasta en historia moderna, pues nos dice que el capitalismo privado correspondió a la clase burguesa que no pudo conquistar la justicia social; y que el capitalismo de Estado correspondió al comunismo y también ya fracasó. ¿Y qué propone el APRA? La “gran alternativa” de “pan con libertad”. En principio, el capitalismo en su proceso de desarrollo ha pasado por la libre competencia hasta las primeras décadas del siglo XX; pero a partir de la crisis de 1929-32 debió de adoptar la forma de capitalismo de Estado o capitalismo monopolista de Estado que no es del caso describir aquí. El inteligente economista Keynes, consciente de los problemas creados por los grandes monopolios privados que estrangulaban la sagrada libre competencia, propuso enfrentar la crisis fortaleciendo el Estado capitalista. Los intereses privados, en ambas fases, no desaparecieron, de manera que el capitalismo es siempre, así se revista de cualquier envoltura, producción colectiva de la riqueza y apropiación individual. Siempre encuentra una envoltura eficaz para mantener su dominio (Alex Callinicos: Contra la tercera vía. Una crítica anticapitalista, 2001). Como la socialdemocracia europea, alternativa de lo que llamaron sus mentores “capitalismo popular”, ha ingresado a un proceso de crisis a partir de la adopción del programa neoliberal, Villanueva del Campo no lo menciona para esconder la verdadera naturaleza del programa actual de su partido. Evade también su responsabilidad cuando dice que el gobierno actual no es del APRA sino del Presidente García más unos ministros que provienen de otros partidos; que María Cuculiza es una persona respetable, como si el periodista le hubiese preguntado sobre su vida privada y no sobre su responsabilidad política como parte del fujimorismo depredador.
Para colmo, Armando Villanueva afirma, sin sonrojarse, que los problemas de corrupción carecen de trascendencia. Más aún, en el colmo de los colmos, justifica la alianza APRA-fujimorista porque el dictador ya no está en “función”, lo que también ocurrió con Odría y Manuel Prado Ugarteche. Según la docta filosofía de Villanueva del Campo, las fechorías de los dictadores y de cualquier gobierno “democrático” desaparecen cuando la cabeza ya no está en funciones. Con esta peregrina tesis, podríamos unirnos con cualquier grupo fascista porque Mussolini y Hitler ya no están en función. Ya nos imaginamos que los apristas sacarán el argumento de la alianza entre Mao y los nacionalistas chinos para enfrentar al imperialismo japonés, pero de eso se trataba entonces, de una guerra nacional contra un invasor extranjero, aunque a veces ni eso se puede, como en el caso de Vietnam, pues en el Sur dominaban los enemigos de la patria.
Ahora sí, que nadie se equivoque sobre el supuesto carácter izquierdista del APRA. Antes era posible el engaño. Hoy todo está claro.
José Ramos Bosmediano
domingo, 4 de noviembre de 2007
LA EVALUACION DOCENTE NEOLIBERAL A LA OFENSIVA
Después de imponer la evaluación docente a los maestros de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, organizados en el SUTEP, el gobierno aprista ha iniciado su ofensiva contra los maestros universitarios para aplicarles también la misma receta del Banco Mundial. La circunstancia de esta nueva ofensiva es la huelga de los docentes universitarios por la homologación de sus haberes según lo estable la Ley correspondiente. Como los compromisos adquiridos con el FMI impiden mayores desembolsos para salarios públicos y otros gastos corrientes, que limitarían el financiamiento del pago de la deuda externa, al gobierno aprista no le queda más que buscar los mecanismos para justificar el congelamiento de las remuneraciones de los servidores del Estado, en este caso, de los docentes universitarios y de los trabajadores administrativos de las mismas instituciones. Esta política educativa, aplicada en casi todos los países donde el neoliberalismo impuso su hegemonía desde fines de los 80 y principios de los 90, forma parte de las reformas educativas ajustadas al Consenso de Washington y, en general, a la teoría neoliberal de la apertura de los mercados para facilitar la privatización de la economía y de los servicios sociales. Banco Mundial, FMI, OMC y los TLC patrocinados por los EEUU son los organismos directrices de todas estas reformas. La poca comprensión de este proyecto neoliberal y sus mecanismos de aplicación permite que los gobernantes que los utilizan confundan a la población, especialmente a aquella que, sin conocer de pedagogía ni haber estudiado el problema de la educación, opina según los mensajes de periodistas irresponsables y de “intelectuales” que gustan hablar sobre cualquier cosa. Así ocurrió con la campaña mediática contra los maestros del SUTEP que, al margen de su dirección sindical que titubeó frente al problema, se opuso a esa evaluación programada desde los 90 como la panacea para resolver la crisis de la educación.
Veamos esta pequeña historia. A partir de 1991 el Banco Mundial propició en América Latina la campaña contra los maestros supuestamente incapaces de lograr buenos aprendizajes en las escuelas públicas, aunque no se atrevió a llamarlos “burros” ni “comechados” como sí los denominó, en el año 2006, el neo-neoliberal Alan García Pérez. El SUTEP, desde ese año 1991 (huelga de 109 días) anunciaba que la lucha de los maestros era contra la reforma privatizadora de la educación y desreguladora del trabajo docente (¡Primero son los niños y no la deuda externa!, ¡La escuela no se vende, la escuela se defiende!, etc.). Esta lucha, que muy pocos desean recordar, duró toda la década de los 90, en condiciones desiguales, pues el Estado neoliberal había casi destruido a las organizaciones sindicales, populares y hasta había domesticado a ciertos partidos políticos, excepto el gremio de Construcción Civil y el SUTEP. Desde las universidades públicas parecía que no se percibió que la reforma neoliberal llegaría también a sus aulas, a su administración. Pero en 1994 el fujimorismo penetró en ellas con sus fuerzas armadas bajo el pretexto de luchar contra la subversión, imponiendo rectores y evaluaciones docentes. Un número apreciable de dignos profesores prefirieron renunciar o ser destituidos para no ser objeto de tan indignas medidas supuestamente pedagógicas, pero que en realidad buscaban pasar al despido o al simple contrato con salarios más baratos, a quienes no aprobaran una prueba especialmente preparada para “jalar” a cualquier profesional. Recordamos la digna actitud de ese gran profesor e investigador de las ideas filosóficas, David Sobrevilla, quien debió de renunciar a su trabajo en la Universidad Nacional de San Marcos. Otros, para no perder su trabajo, debieron de someterse a ese ignominioso proceso.
Nos parece plausible que hoy el señor Nicolás Linch, enemigo de la dirigencia del SUTEP de todos los tiempos, reaccione con un no a la propuesta descabellada del Ingeniero Industrial y empresario de la educación que hace de Ministro de Educación, José Chang Escobedo, de evaluar a los maestros universitarios para decidir quiénes pueden percibir aumentos salariales y quienes no, en qué proporciones, etc. Pero las razones del señor Linch no van al fondo del problema, pues él aduce que los maestros universitarios ya están siendo evaluados desde décadas atrás y según las normas autónomas de las universidades, lo que es cierto. Pero miente cuando dice que en el caso de los maestros de los otros niveles educativos no hay evaluación. Desde la década de los 60 los maestros de la escuela pública somos evaluados, supervisados en aula en pleno desarrollo de las clases, proceso que se dio con más fuerza desde la reforma de los años 70. Por lo demás, en la Ley derogada el presente año, No. 24029, su modificatoria y su Reglamento, se establece un sistema permanente, integral y sistemático de evaluación docente sobre la base de cinco aspectos, y no solo el tiempo de servicios y los “papeles”, como falazmente ha venido señalando Linch y demás “expertos” en educación. Los enemigos del SUTEP no quisieron ver que detrás de esa evaluación de “conocimientos” que aplicó el gobierno aprista el 8 de enero del 2007, que fracasó el 20 de diciembre del 2006, estaba un objetivo que nada tiene que ver con la pedagogía, sino con el propósito de deslegitimar todo reclamo salarial y justificar la permanente congelación de los haberes magisteriales. La nueva Ley de Carrera Pública Magisterial tiene ese propósito, al establecer los niveles IV y V como los únicos que permitirían una remuneración cercana a los 1500 soles mensuales, en el mejor de los casos, quedando más del 90 % de maestros con los salarios más miserables de América Latina, con excepción de los maestros de Haití. Este es el problema central de la evaluación neoliberal. Un supuesto mejoramiento de la calidad educativa a través de esa evaluación carece de sustento en las experiencias de América Latina. La superioridad de la educación cubana se basa en otros factores, siendo la evaluación docente un factor importante pero no el fundamental, evaluación cualitativamente superior a la del neoliberalismo.
Esta política magisterial ha llegado hoy a las universidades públicas con los antecedentes que hemos señalado y que no se discutió ni se enfrentó colectivamente en su momento. Pero vemos que el señor Linch sigue empecinado en defender para los maestros organizados en el SUTEP la evaluación neoliberal, lo que evidentemente hace vulnerable su posición de defensa del fuero universitario en materia de evaluación docente, pues cualquier persona lega en pedagogía se dejará embaucar por la afirmación de que los maestros universitarios “tienen miedo” a la evaluación, o que los dirigentes que defienden los derechos de estos maestros son “clientelistas”, como suele calificar Linch a los dirigentes del SUTEP. Y doña Pilar Noris con su marido, don Alan García, han salido a aprovecharse de esta debilidad política para enrostrar a Linch su doble rasero: bueno para los maestros del SUTEP, malo para los docentes universitarios. Y Linch, escondiendo toda la furia y los adjetivos que usó contra el SUTEP, contesta con los conceptos de quien no quiere enemistarse con el poder de turno, utilizando la diplomacia del barroco peruano y los argumentos más tibios para contradecir a los neoliberales. Da la impresión de que Linch no quiere discutir los problemas de fondo que están detrás de la evaluación. Su propia posición socialdemócrata, de liberalismo más o menos radical, le impiden plantear un debate consecuente con los intereses de la escuela pública y de los intereses populares. Mientras tanto, la universidad pública peruana va adquiriendo, cada vez más, la fisonomía y el espíritu de universidad privada, con mayores costos para los estudiantes y padres de familia, situación que el ex Rector Manuel Burga ha perfilado en un artículo publicado en La República, cuya edición y página me es imposible señalar por no tener a la mano ese recorte periodístico.
Marido y mujer, desde la Presidencia de la República, hablan de la educación como si se tratara de algo que conocen a profundidad, cuando su experiencia de padres de familia les mantiene alejados de la escuela pública peruana, pues su prole jamás ha pisado una escuela peruana. Desconocen totalmente las condiciones en que trabajan los maestros peruanos en todos los niveles educativos. Su única experiencia actual en el Perú se relaciona con ese negocio llamado Universidad San Martín de Porres.
Hablando de evaluación profesional, ¿por qué el gobierno aprista no evalúa a sus altos funcionarios antes de nombrarlos para que no cometan las atrocidades que conocemos todos los días? ¿Dónde está la “excelencia” que tanto pregonan y, supuestamente, inculcan en su Escuela de Gobernabilidad en la Universidad San Martín de Porres?
Todo ese lenguaje con tufillo modernizador no es sino la envoltura demagógica de un proyecto educativo neoliberal, de esa tercera vía que hasta Tony Blair y su pareja política Bill Clinton están tratando de ocultar con nuevos camuflajes ideológicos. Alan García ha llegado tarde.
Sin embargo, pese a las debilidades existentes en el movimiento magisterial, es posible conformar hoy un movimiento más amplio de maestros de todos los niveles para luchar juntos por una nueva educación en el Perú sobre la base de la escuela pública renovada, gratuita y universal, abierta al debate de las ideas y unida a la lucha por un proyecto nacional de nuevo país, nuevo Estado, nueva economía y, consecuentemente, nueva constitución que supere los viejos parámetros del capitalismo que domina el Perú.
Veamos esta pequeña historia. A partir de 1991 el Banco Mundial propició en América Latina la campaña contra los maestros supuestamente incapaces de lograr buenos aprendizajes en las escuelas públicas, aunque no se atrevió a llamarlos “burros” ni “comechados” como sí los denominó, en el año 2006, el neo-neoliberal Alan García Pérez. El SUTEP, desde ese año 1991 (huelga de 109 días) anunciaba que la lucha de los maestros era contra la reforma privatizadora de la educación y desreguladora del trabajo docente (¡Primero son los niños y no la deuda externa!, ¡La escuela no se vende, la escuela se defiende!, etc.). Esta lucha, que muy pocos desean recordar, duró toda la década de los 90, en condiciones desiguales, pues el Estado neoliberal había casi destruido a las organizaciones sindicales, populares y hasta había domesticado a ciertos partidos políticos, excepto el gremio de Construcción Civil y el SUTEP. Desde las universidades públicas parecía que no se percibió que la reforma neoliberal llegaría también a sus aulas, a su administración. Pero en 1994 el fujimorismo penetró en ellas con sus fuerzas armadas bajo el pretexto de luchar contra la subversión, imponiendo rectores y evaluaciones docentes. Un número apreciable de dignos profesores prefirieron renunciar o ser destituidos para no ser objeto de tan indignas medidas supuestamente pedagógicas, pero que en realidad buscaban pasar al despido o al simple contrato con salarios más baratos, a quienes no aprobaran una prueba especialmente preparada para “jalar” a cualquier profesional. Recordamos la digna actitud de ese gran profesor e investigador de las ideas filosóficas, David Sobrevilla, quien debió de renunciar a su trabajo en la Universidad Nacional de San Marcos. Otros, para no perder su trabajo, debieron de someterse a ese ignominioso proceso.
Nos parece plausible que hoy el señor Nicolás Linch, enemigo de la dirigencia del SUTEP de todos los tiempos, reaccione con un no a la propuesta descabellada del Ingeniero Industrial y empresario de la educación que hace de Ministro de Educación, José Chang Escobedo, de evaluar a los maestros universitarios para decidir quiénes pueden percibir aumentos salariales y quienes no, en qué proporciones, etc. Pero las razones del señor Linch no van al fondo del problema, pues él aduce que los maestros universitarios ya están siendo evaluados desde décadas atrás y según las normas autónomas de las universidades, lo que es cierto. Pero miente cuando dice que en el caso de los maestros de los otros niveles educativos no hay evaluación. Desde la década de los 60 los maestros de la escuela pública somos evaluados, supervisados en aula en pleno desarrollo de las clases, proceso que se dio con más fuerza desde la reforma de los años 70. Por lo demás, en la Ley derogada el presente año, No. 24029, su modificatoria y su Reglamento, se establece un sistema permanente, integral y sistemático de evaluación docente sobre la base de cinco aspectos, y no solo el tiempo de servicios y los “papeles”, como falazmente ha venido señalando Linch y demás “expertos” en educación. Los enemigos del SUTEP no quisieron ver que detrás de esa evaluación de “conocimientos” que aplicó el gobierno aprista el 8 de enero del 2007, que fracasó el 20 de diciembre del 2006, estaba un objetivo que nada tiene que ver con la pedagogía, sino con el propósito de deslegitimar todo reclamo salarial y justificar la permanente congelación de los haberes magisteriales. La nueva Ley de Carrera Pública Magisterial tiene ese propósito, al establecer los niveles IV y V como los únicos que permitirían una remuneración cercana a los 1500 soles mensuales, en el mejor de los casos, quedando más del 90 % de maestros con los salarios más miserables de América Latina, con excepción de los maestros de Haití. Este es el problema central de la evaluación neoliberal. Un supuesto mejoramiento de la calidad educativa a través de esa evaluación carece de sustento en las experiencias de América Latina. La superioridad de la educación cubana se basa en otros factores, siendo la evaluación docente un factor importante pero no el fundamental, evaluación cualitativamente superior a la del neoliberalismo.
Esta política magisterial ha llegado hoy a las universidades públicas con los antecedentes que hemos señalado y que no se discutió ni se enfrentó colectivamente en su momento. Pero vemos que el señor Linch sigue empecinado en defender para los maestros organizados en el SUTEP la evaluación neoliberal, lo que evidentemente hace vulnerable su posición de defensa del fuero universitario en materia de evaluación docente, pues cualquier persona lega en pedagogía se dejará embaucar por la afirmación de que los maestros universitarios “tienen miedo” a la evaluación, o que los dirigentes que defienden los derechos de estos maestros son “clientelistas”, como suele calificar Linch a los dirigentes del SUTEP. Y doña Pilar Noris con su marido, don Alan García, han salido a aprovecharse de esta debilidad política para enrostrar a Linch su doble rasero: bueno para los maestros del SUTEP, malo para los docentes universitarios. Y Linch, escondiendo toda la furia y los adjetivos que usó contra el SUTEP, contesta con los conceptos de quien no quiere enemistarse con el poder de turno, utilizando la diplomacia del barroco peruano y los argumentos más tibios para contradecir a los neoliberales. Da la impresión de que Linch no quiere discutir los problemas de fondo que están detrás de la evaluación. Su propia posición socialdemócrata, de liberalismo más o menos radical, le impiden plantear un debate consecuente con los intereses de la escuela pública y de los intereses populares. Mientras tanto, la universidad pública peruana va adquiriendo, cada vez más, la fisonomía y el espíritu de universidad privada, con mayores costos para los estudiantes y padres de familia, situación que el ex Rector Manuel Burga ha perfilado en un artículo publicado en La República, cuya edición y página me es imposible señalar por no tener a la mano ese recorte periodístico.
Marido y mujer, desde la Presidencia de la República, hablan de la educación como si se tratara de algo que conocen a profundidad, cuando su experiencia de padres de familia les mantiene alejados de la escuela pública peruana, pues su prole jamás ha pisado una escuela peruana. Desconocen totalmente las condiciones en que trabajan los maestros peruanos en todos los niveles educativos. Su única experiencia actual en el Perú se relaciona con ese negocio llamado Universidad San Martín de Porres.
Hablando de evaluación profesional, ¿por qué el gobierno aprista no evalúa a sus altos funcionarios antes de nombrarlos para que no cometan las atrocidades que conocemos todos los días? ¿Dónde está la “excelencia” que tanto pregonan y, supuestamente, inculcan en su Escuela de Gobernabilidad en la Universidad San Martín de Porres?
Todo ese lenguaje con tufillo modernizador no es sino la envoltura demagógica de un proyecto educativo neoliberal, de esa tercera vía que hasta Tony Blair y su pareja política Bill Clinton están tratando de ocultar con nuevos camuflajes ideológicos. Alan García ha llegado tarde.
Sin embargo, pese a las debilidades existentes en el movimiento magisterial, es posible conformar hoy un movimiento más amplio de maestros de todos los niveles para luchar juntos por una nueva educación en el Perú sobre la base de la escuela pública renovada, gratuita y universal, abierta al debate de las ideas y unida a la lucha por un proyecto nacional de nuevo país, nuevo Estado, nueva economía y, consecuentemente, nueva constitución que supere los viejos parámetros del capitalismo que domina el Perú.
José Ramos Bosmediano
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