martes, 16 de octubre de 2007

NEOLIBERALISMO Y EDUCACIÓN

Los nuevos reformadores que ingresaron al Ministerio de Educación durante el gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, creyeron que con su “buena voluntad” podían remontar la crisis de la educación peruana. Fueron convocadas 27 personas, entre ellas, ex Ministros de Educación y hasta el Secretario General del SUTEP de ese entonces (años 2000-2002), encargadas de elaborar un proyecto de consenso, que fue publicado en el segundo semestre del 2001 por el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, cuando el sociólogo y obsesivo crítico de un supuesto clientelismo en el SUTEP, Nicolás Linch, era Ministro de Educación de Perú Posible, quien hizo suyo el proyecto intitulado “Acuerdo Nacional por la Educación”, en el que basó su plan educativo“Lineamientos de Educación 2001-2006”. Ambos documentos no cuestionan, en ninguna línea, las medidas neoliberales que en materia educativa impusiera el régimen fujimorista. Su contenido, basado en propuestas estrictamente curriculares, dejó intacta la reforma neoliberal y sus fuertes tendencias privatizadoras, así como sus objetivos individualistas del “nuevo enfoque”. Claro que Linch y sus asesores en el Ministerio de Educación tuvieron otro objetivo político inmediato: debilitar a la dirigencia del SUTEP y conquistar la dirección del gremio. Su ignorancia en materia educativa se nota en sus “Lineamientos...”, al plantear un cambio de enfoque sin eliminar el “nuevo enfoque” constructivista y su aprendizaje por competencias y sin traer abajo los dispositivos legales que legalizaban el negocio educativo, como el Decreto Legislativo 882, vigente hasta hoy.

Todo el período de gobierno del Presidente Toledo no ha significado más que continuar con la reforma educativa neoliberal, pese a su comprobado fracaso, también en el Perú. Hasta un novelista metido a “teórico” de la educación se suma al coro de la añoranza del pasado educativo del Perú como una época de mejor calidad, desconociendo las críticas realizadas por Manuel Vicente Villarán y Nicolás de Piérola en el siglo XIX; o las acertadas comprobaciones de Jorge Basadre, José Caros Mariátegui, la Comisión de Reforma de la Educación presidida por don Emilio Barrantes y su Informe de 1970. Lo que no recuerdan los críticos del presente es la educación privada para la élite conservadora que, como clase dominante, que no dirigente, manejó el Perú republicano durante los siglos XIX y XX, dejando para las masas indígenas y para un amplio sector urbano empobrecido la escuela pública abandonada a su suerte. Para los nuevos “expertos” la crisis empieza hoy y los culpables son el SUTEP y los maestros peruanos de la escuela pública. Al Señor Linch habría que encargarle investigar, como sociólogo, la crisis del agro para que nos demuestre, en honor a su consecuencia política, que encuentre como culpables de esa crisis a la Confederación Campesina del Perú (de cuya orientación política él y su partido no pueden eximirse) y a los campesinos, aplicando también su “gran tesis” del clientelismo al papel de las numerosas ONGs que actúan al interior de esa central campesina. Y es que el Banco Mundial, para justificar sus políticas privatizadoras y su orientación individualista para la educación, partiendo de la crisis de la educación en América Latina y buscando reducir más el gasto público en educación, ha enfocado la crisis centrando la responsabilidad casi absoluta en los docentes, al margen del contexto social y del contexto económico que rodean y condicionan la escuela. Este discurso se ha venido imponiendo a la vez que casi todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños lo hicieron suyo, con excepción de Cuba, cuya educación está por encima de todos los sistemas educativos de nuestro subcontinente y de otras regiones del mundo, sin privatizaciones, sin transferencias de las responsabilidades fundamentales del gobierno central a las municipalidades y sin la competitividad individualista; y no porque los estudiantes cubanos hayan respondido satisfactoriamente a las mediciones de UNESCO y de PISA (que lo hicieron con puntajes muy superiores a los obtenidos por estudiantes chilenos, argentinos y uruguayos), sino porque Cuba transitó de un sistema educativo demoliberal atrasado y atado a intereses extranjeros a un sistema de educación verdaderamente democrático que el socialismo abrió paso sobre la base de la escuela pública única, gratuita, universal e integral y con un proyecto cultural cimentado en su tradición popular, intelectual y la asimilación de lo mejor del pensamiento pedagógico cubano y universal adecuado a la realidad cubana; y no, como ha ocurrido en el Perú con sus más de 20 reformas educativas, el trasplante fotocopiado de las novedades ideológicas de cada ocasión: sin ir muy lejos, la tecnología educativa sistémica y sus objetivos instruccionales con su sicología neoconductista de los 60-70 del siglo XX; y el actual constructivismo solipsista (idealismo subjetivo) ¿Cómo relacionar los elementos postizos en el campo de la educación con la búsqueda de la identidad nacional, sobre todo con la realidad de nuestras nacionalidades indígenas oprimidas? Todo discurso pedagógico y toda acción pedagógica a margen de un análisis real de la crisis de la educación peruana, desde una mirada histórica y desde una mirada estructural (la economía, la sociedad y su estructura de clases y estamentos, el proceso cultural), no hacen más que repetir el pasado republicano de atraso y dominación. El pragmatismo pedagógico que el neoliberalismo difunde por todos los medios se ha impuesto no sólo en el cerebro de los reformadores, sino en un sector importante de los propios maestros, que al no comprender cabalmente la ideología y praxis del neoliberalismo, buscan las causas de la crisis educativa no en el proceso histórico y en la estructura social, sino en elementos parciales, que más que causas, son resultados de una crisis. Este vacío ha hecho que las tesis educativas del SUTEP y su Proyecto de Ley General de Educación y Cultura no hayan merecido, hasta hoy, la atención suficiente para convertirla en herramienta de lucha ideológica en el terreno de la educación contra las concepciones neoconservadoras del neoliberalismo, y desbaratar los contrabandos ideológicos de los “expertos”, de ONGs bien pagadas y de ex Ministros fracasados.

Las reformas educativas impuestas en América Latina en los últimos 20 años buscan reducir el gasto educativo de los gobiernos centrales, ahorrar recursos para el pago de la deuda externa y abrir al libre mercado el negocio de la educación: la privatizaciòn del servicio educativo, directa e indirectamente. En estos años de neoliberalismo el peso presupuestal del pago de la deuda externa no sólo afecta a la educación y la salud, sino también a las propias municipalidades, como lo demuestra Nilton Quiñónez Huayna en su artículo de la columna CRISTAL DE MIRA de Humberto Campodónico (“La gestión del gasto en los Gobiernos Locales”. La República. 17 de julio-2006. Pág. 12), señalando, entre otras cosas, que mientras las transferencias presupuestales para los Gobiernos Locales equivale, en el 2006, al 8% del Presupuesto General de la República, para el servicio de la deuda externa el % llega casi al triple de los Gobiernos Locales. En todos casos se ha recurrido a la municipalización para reducir las responsabilidades financieras y laborales de los gobiernos centrales, es decir, del Estado. Para confundir a los legos en materia de educación, se toma como referencia a los países de economía capitalista avanzada donde el proceso de la descentralización siguió un curso casi normal que ha permitido a sus municipalidades funcionar con mayor autonomía pero sin restringir los derechos económicos y sociales de la población ni convertir a la educación en un elemento más del libre mercado. La tendencia privatizadora de la educación no está ausente en los TLC, que son el marco màs global para que esa privatizaciòn se ponga al servicio de las transnacionales privadas del comercio transfronterizo de la educación y otras modalidades de compra-venta de servicios de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio; al mismo tiempo que profundizará la desnacionalización de nuestra cultura y truncará todo intento de construir una identidad nacional y cultural. No se ignora que esas transnacionales ya han calculado más de mil millones de clientes potenciales para la educación superior. Para los neoliberales el agua y la educación son los negocios de siglo XXI. ¿Han pensado en la educación y cultura los congresistas que han votado por la aprobación de ese oprobioso TLC elaborado en Estados Unidos? ¿Ignoran que los TLC no son proyectos surgidos de las necesidades de nuestros pueblos ni elaborado, por lo menos, por los ministros de los países latinoamericanos, sino que constituyen parte de la globalización neoliberal de las transnacionales estadounidenses, de las cuales forman parte el propio George W. Bush y sus más cercanos colaboradores como dueños de las transnacionales del petróleo y de la guerra preventiva? ¿Desconocen la evolución económica y social de México en el período que viene de la firma del TLC o TELECAN o NAFTA (EEUU-CANADA-MEXICO) desde 1992: la crisis de fines de 1994, la ruina de los productores de maíz, el aumento de la delincuencia, la inmigración masiva de mexicanos como producto del crecimiento de la pobreza que ha determinado, por parte del gobierno estadounidense la construcción de un muro de contención de mexicanos y el emplazamiento de un verdadero ejército de guerra en la frontera con México? Pero como esta realidad no basta para frenar la alegre y hasta pedigüeña actitud del Presidente Toledo, puesto de hinojos ante el Sr. Bush y los muy satisfechos parlamentarios demócratas y republicanos, defensores de los mismos intereses de las transnacionales, ni para frenar también la conversión programática del Sr. García Pérez, he de citar las declaraciones más recientes del Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que fuera Vicepresidente del Banco Mundial en la década de los 90, en el sentido de que “Si la firma del TLC tuviese negociaciones reales y posibilidades de beneficiar a Ecuador, sí lo recomendaría, pero EEUU no negocia, sino que demanda o impone”. En seguida afirma que los acuerdos bilaterales con EEUU son una desventaja por las condiciones que impone ese país. En esa misma declaración Stiglitz agrega que en el caso de México los productores agrarios fueron los más perjudicados, los millones de productores y no unos cuantos exportadores de productos agrarios o agroindustriales que los millones de mexicanos pobres no pueden comer, y también los sectores asalariados cuyos ingresos se han deteriorado más desde que se firmara el TLC (Diario La República. 17 de julio-2006. Pág. 13).

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