domingo, 4 de noviembre de 2007

LA EVALUACION DOCENTE NEOLIBERAL A LA OFENSIVA

Después de imponer la evaluación docente a los maestros de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, organizados en el SUTEP, el gobierno aprista ha iniciado su ofensiva contra los maestros universitarios para aplicarles también la misma receta del Banco Mundial. La circunstancia de esta nueva ofensiva es la huelga de los docentes universitarios por la homologación de sus haberes según lo estable la Ley correspondiente. Como los compromisos adquiridos con el FMI impiden mayores desembolsos para salarios públicos y otros gastos corrientes, que limitarían el financiamiento del pago de la deuda externa, al gobierno aprista no le queda más que buscar los mecanismos para justificar el congelamiento de las remuneraciones de los servidores del Estado, en este caso, de los docentes universitarios y de los trabajadores administrativos de las mismas instituciones. Esta política educativa, aplicada en casi todos los países donde el neoliberalismo impuso su hegemonía desde fines de los 80 y principios de los 90, forma parte de las reformas educativas ajustadas al Consenso de Washington y, en general, a la teoría neoliberal de la apertura de los mercados para facilitar la privatización de la economía y de los servicios sociales. Banco Mundial, FMI, OMC y los TLC patrocinados por los EEUU son los organismos directrices de todas estas reformas. La poca comprensión de este proyecto neoliberal y sus mecanismos de aplicación permite que los gobernantes que los utilizan confundan a la población, especialmente a aquella que, sin conocer de pedagogía ni haber estudiado el problema de la educación, opina según los mensajes de periodistas irresponsables y de “intelectuales” que gustan hablar sobre cualquier cosa. Así ocurrió con la campaña mediática contra los maestros del SUTEP que, al margen de su dirección sindical que titubeó frente al problema, se opuso a esa evaluación programada desde los 90 como la panacea para resolver la crisis de la educación.

Veamos esta pequeña historia. A partir de 1991 el Banco Mundial propició en América Latina la campaña contra los maestros supuestamente incapaces de lograr buenos aprendizajes en las escuelas públicas, aunque no se atrevió a llamarlos “burros” ni “comechados” como sí los denominó, en el año 2006, el neo-neoliberal Alan García Pérez. El SUTEP, desde ese año 1991 (huelga de 109 días) anunciaba que la lucha de los maestros era contra la reforma privatizadora de la educación y desreguladora del trabajo docente (¡Primero son los niños y no la deuda externa!, ¡La escuela no se vende, la escuela se defiende!, etc.). Esta lucha, que muy pocos desean recordar, duró toda la década de los 90, en condiciones desiguales, pues el Estado neoliberal había casi destruido a las organizaciones sindicales, populares y hasta había domesticado a ciertos partidos políticos, excepto el gremio de Construcción Civil y el SUTEP. Desde las universidades públicas parecía que no se percibió que la reforma neoliberal llegaría también a sus aulas, a su administración. Pero en 1994 el fujimorismo penetró en ellas con sus fuerzas armadas bajo el pretexto de luchar contra la subversión, imponiendo rectores y evaluaciones docentes. Un número apreciable de dignos profesores prefirieron renunciar o ser destituidos para no ser objeto de tan indignas medidas supuestamente pedagógicas, pero que en realidad buscaban pasar al despido o al simple contrato con salarios más baratos, a quienes no aprobaran una prueba especialmente preparada para “jalar” a cualquier profesional. Recordamos la digna actitud de ese gran profesor e investigador de las ideas filosóficas, David Sobrevilla, quien debió de renunciar a su trabajo en la Universidad Nacional de San Marcos. Otros, para no perder su trabajo, debieron de someterse a ese ignominioso proceso.

Nos parece plausible que hoy el señor Nicolás Linch, enemigo de la dirigencia del SUTEP de todos los tiempos, reaccione con un no a la propuesta descabellada del Ingeniero Industrial y empresario de la educación que hace de Ministro de Educación, José Chang Escobedo, de evaluar a los maestros universitarios para decidir quiénes pueden percibir aumentos salariales y quienes no, en qué proporciones, etc. Pero las razones del señor Linch no van al fondo del problema, pues él aduce que los maestros universitarios ya están siendo evaluados desde décadas atrás y según las normas autónomas de las universidades, lo que es cierto. Pero miente cuando dice que en el caso de los maestros de los otros niveles educativos no hay evaluación. Desde la década de los 60 los maestros de la escuela pública somos evaluados, supervisados en aula en pleno desarrollo de las clases, proceso que se dio con más fuerza desde la reforma de los años 70. Por lo demás, en la Ley derogada el presente año, No. 24029, su modificatoria y su Reglamento, se establece un sistema permanente, integral y sistemático de evaluación docente sobre la base de cinco aspectos, y no solo el tiempo de servicios y los “papeles”, como falazmente ha venido señalando Linch y demás “expertos” en educación. Los enemigos del SUTEP no quisieron ver que detrás de esa evaluación de “conocimientos” que aplicó el gobierno aprista el 8 de enero del 2007, que fracasó el 20 de diciembre del 2006, estaba un objetivo que nada tiene que ver con la pedagogía, sino con el propósito de deslegitimar todo reclamo salarial y justificar la permanente congelación de los haberes magisteriales. La nueva Ley de Carrera Pública Magisterial tiene ese propósito, al establecer los niveles IV y V como los únicos que permitirían una remuneración cercana a los 1500 soles mensuales, en el mejor de los casos, quedando más del 90 % de maestros con los salarios más miserables de América Latina, con excepción de los maestros de Haití. Este es el problema central de la evaluación neoliberal. Un supuesto mejoramiento de la calidad educativa a través de esa evaluación carece de sustento en las experiencias de América Latina. La superioridad de la educación cubana se basa en otros factores, siendo la evaluación docente un factor importante pero no el fundamental, evaluación cualitativamente superior a la del neoliberalismo.

Esta política magisterial ha llegado hoy a las universidades públicas con los antecedentes que hemos señalado y que no se discutió ni se enfrentó colectivamente en su momento. Pero vemos que el señor Linch sigue empecinado en defender para los maestros organizados en el SUTEP la evaluación neoliberal, lo que evidentemente hace vulnerable su posición de defensa del fuero universitario en materia de evaluación docente, pues cualquier persona lega en pedagogía se dejará embaucar por la afirmación de que los maestros universitarios “tienen miedo” a la evaluación, o que los dirigentes que defienden los derechos de estos maestros son “clientelistas”, como suele calificar Linch a los dirigentes del SUTEP. Y doña Pilar Noris con su marido, don Alan García, han salido a aprovecharse de esta debilidad política para enrostrar a Linch su doble rasero: bueno para los maestros del SUTEP, malo para los docentes universitarios. Y Linch, escondiendo toda la furia y los adjetivos que usó contra el SUTEP, contesta con los conceptos de quien no quiere enemistarse con el poder de turno, utilizando la diplomacia del barroco peruano y los argumentos más tibios para contradecir a los neoliberales. Da la impresión de que Linch no quiere discutir los problemas de fondo que están detrás de la evaluación. Su propia posición socialdemócrata, de liberalismo más o menos radical, le impiden plantear un debate consecuente con los intereses de la escuela pública y de los intereses populares. Mientras tanto, la universidad pública peruana va adquiriendo, cada vez más, la fisonomía y el espíritu de universidad privada, con mayores costos para los estudiantes y padres de familia, situación que el ex Rector Manuel Burga ha perfilado en un artículo publicado en La República, cuya edición y página me es imposible señalar por no tener a la mano ese recorte periodístico.

Marido y mujer, desde la Presidencia de la República, hablan de la educación como si se tratara de algo que conocen a profundidad, cuando su experiencia de padres de familia les mantiene alejados de la escuela pública peruana, pues su prole jamás ha pisado una escuela peruana. Desconocen totalmente las condiciones en que trabajan los maestros peruanos en todos los niveles educativos. Su única experiencia actual en el Perú se relaciona con ese negocio llamado Universidad San Martín de Porres.

Hablando de evaluación profesional, ¿por qué el gobierno aprista no evalúa a sus altos funcionarios antes de nombrarlos para que no cometan las atrocidades que conocemos todos los días? ¿Dónde está la “excelencia” que tanto pregonan y, supuestamente, inculcan en su Escuela de Gobernabilidad en la Universidad San Martín de Porres?

Todo ese lenguaje con tufillo modernizador no es sino la envoltura demagógica de un proyecto educativo neoliberal, de esa tercera vía que hasta Tony Blair y su pareja política Bill Clinton están tratando de ocultar con nuevos camuflajes ideológicos. Alan García ha llegado tarde.

Sin embargo, pese a las debilidades existentes en el movimiento magisterial, es posible conformar hoy un movimiento más amplio de maestros de todos los niveles para luchar juntos por una nueva educación en el Perú sobre la base de la escuela pública renovada, gratuita y universal, abierta al debate de las ideas y unida a la lucha por un proyecto nacional de nuevo país, nuevo Estado, nueva economía y, consecuentemente, nueva constitución que supere los viejos parámetros del capitalismo que domina el Perú.
José Ramos Bosmediano

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